Iniciativa

De la seguridad pública a la seguridad privada

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Por Víctor Hugo Rueda Olmos.

Maestro en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Barcelona, Maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO, Consultor  y Profesor de la Universidad Iberoamericana León.

En los últimos 20 años México, sus estados y municipios han experimentado cambios importantes en la configuración de las condiciones de seguridad que vive el país, y en ese sentido la seguridad pública, como definición conceptual ha sido insuficiente para precisar la compleja problemática en este campo, ya que se concreta únicamente a establecer de una manera tradicional un enfoque preventivo – punitivo.

Por otra parte, las categorías de análisis más amplias, como la seguridad humana y la seguridad ciudadana, han permitido definir y diagnosticar de forma más específica los desafíos de los gobiernos en esa materia, ya que dialogan con dimensiones políticas, de desarrollo, democracia y la protección de los derechos humanos, – condiciones que son necesarias para estar en concordancia con las directrices de las organizaciones y tratados internacionales-.

Uno de las asignaturas de especial relevancia en los municipios es el de la seguridad privada, hasta hace algunos años un tema del que poco se hablaba.

El proceso de privatización de algunas áreas de la vida pública del Estado comenzó alrededor de hace cuatro décadas en diversos países de América Latina. Con ello se inició una fase neoliberal, que trastocó el panorama político, económico y social de la región. En esta transformación se redujo la actividad e influencia del Estado en áreas estratégicas. Como refiere Castells (1997) el Estado nación parece, en efecto, cada vez menos capaz de controlar la globalización de la economía, de los flujos de información, de los medios de comunicación y de las redes criminales.

Paralelo al cambio estructural en el funcionamiento de las instituciones y en su vida económica, se experimentó un incremento sustancial de la criminalidad, que favoreció la expansión de las empresas de seguridad privada. Muller (2010) señala que el número de compañías comenzó a crecer significativamente después de la crisis económica de 1994, debido a las percepciones relacionadas con el aumento de la delincuencia, lo que generó que algunos sectores de la población que tenían las posibilidades económicas contrataran servicios de seguridad privada para la custodia de empresas, bienes y servicios. 

En ese contexto el papel de la Seguridad Privada en varios municipios del estado ha ido creciendo y ocupado algunos espacios en los que la ley permite su intervención,  como el cuidado de edificios, fraccionamientos habitacionales, plazas comerciales  y parques industriales, entre otros, lo que ha reflejado un despliegue cada vez mayor de la presencia de elementos de servicios de seguridad privada en estas demarcaciones.

En un panorama general de México, de acuerdo con algunos indicadores de la Dirección General de Seguridad Privada en su Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, de 2017 a 2018, el total de empresas de este tipo con registro estatal se incrementó de 4,207 a 4,466, es decir, 259 empresas de un año a otro. No hay un censo lo suficientemente claro que establezca con exactitud cuántas empresas operan en todo el país.  En ese sentido, existe una organización que se ha constituido para organizar este tema, la denominada ASUME (Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable) misma que tiene como uno de sus propósitos el realizar un registro total de las empresas en el país para tener una referencia más certera en el tema. 

Esta situación ha sido muy complicada por la falta de un seguimiento y normatividad homologada que permita su control en el país, ya que la legislación federal, estatal y la reglamentaria municipal—aunque tiene coincidencias y parte de una misma matriz— no existe una delimitación clara de criterios. Así mismo se estima que en México cerca de un 80 % de empresas operan en la informalidad, es decir no se encuentran registradas. (Perret, 2013, p. 167). Esta realidad nos muestra la necesidad que existe de trabajar en la regulación de los servicios de seguridad privada de una manera más precisa para organizar y darle la certeza jurídica a los ciudadanos sobre la prestación del servicio.

Existen esfuerzos y algunos consensos internacionales en el marco de las organizaciones internacionales sobre una resolución UNODC/CCPCJ/EG5/2011/CRP1, del 24 de agosto del 2011, emitida por la Oficina del Crimen y las Drogas de las Naciones Unidas, donde se hace referencia a los Servicios de Seguridad Privada civil, en lo que refiere a su papel, supervisión y contribución a la prevención del delito y la seguridad de la comunidad. Dicha resolución hace hincapié en la importancia de la necesaria supervisión y regulación por parte de los Estados con la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el estudio y análisis del enfoque sobre la seguridad privada, la normatividad nos da la pauta legal para que los servicios de seguridad privada sean catalogados con un carácter auxiliar de la seguridad pública, en términos del artículo 151 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El carácter de auxiliar lo define como coadyuvantes de las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia o desastres, o cuando así lo soliciten las autoridades competentes de las entidades federativas y los municipios, de acuerdo con los requisitos y las condiciones que establezca la autorización respectiva. De forma más precisa la Ley de Seguridad Privada Federal (2006)   y  Estatal (2021) establece la organización y funcionamiento en la materia. En referencia a México la realidad de las entidades federativas y municipios es heterogénea; cada estado y municipalidad cuenta con una gran diversidad cultural, características demográficas, economías y capacidades institucionales muy distintas, por lo que aún en el Estado de Guanajuato existe una cantidad importante de municipios que no cuentan con una normatividad actualizada del tema que responda a la realidad actual.

En Salamanca como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública en su momento encabece los esfuerzos para hacer posible el Reglamento de Servicios de Seguridad Privada, mismo que se aprobó en la sexagésima cuarta sesión ordinaria, el 14 de abril de 2021, fue publicado  el 1 de Junio del 2021 en la página 97 del Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, número 108. Entrando en vigor para sus efectos legales el 3 de Junio del 2021. La estructura bajo la que se constituyó el reglamento, dónde se detallan los  fines de la seguridad privada en el municipio, autoridades competentes, atribuciones, derechos, obligaciones de las empresas, procedimientos de vigilancia, visitas y requisitos; da cuenta de los beneficios y controles que nos aproximan a un gobierno, más abierto, transparente, de mayor solidez institucional y certeza jurídica.

Bibliografía

Castells M. (1997). ¿Fin del Estado Nación? Periódico El País

Müller, Markus-Michael (2010). “Private security and the State in Latin America: The case of Mexico City”. Brazilian Political Science Review 4 (1): 131-154

Perret, Antoine (2013). “Privatization without regulation: The human rights risks of private military and security companies in Mexico”. Mexican Law Review 6 (1): 163-175.


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