Iniciativa

El fantasma de Betty Hernández

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No es de ahora, sino casi siempre resulta que, en el lenguaje político del gobierno entrante, los conceptos relativos a revisión de cuentas, auditorías y transparencia son más bien una especie de invocación inicial o una limpia para intentar conjurar los fantasmas que dejó la pasada administración, y en los hechos no tienen nada que ver con la aplicación de la ley a los funcionarios públicos salientes. Porque ocurre que después de los escándalos mediáticos no pasa nada, lamentablemente.

Pero es usual que, en el discurso de arranque de un nuevo gobierno, generalmente se ponen en la mesa las supuestas irregularidades cometidas por los alcaldes anteriores, como una forma de crearse un ropaje político que cumpla con las ansiadas expectativas de la gente, con respecto al infaltable juicio de la corrupción y del desvío de recursos públicos, que son cuestiones principales en la formación de la opinión pública.

Es un tema que se puede manejar en los medios a favor del gobierno en turno por los primeros meses, quizás hasta por un medio año con asiduas declaraciones en torno a que ya se está investigando al gobierno pasado y que de encontrarse algo irregular se harán las denuncias correspondientes, si se comprueba abuso y corrupción en el manejo del presupuesto público. Ayer en el pleno del cabildo la Comisión de Hacienda concluyó el dictamen de la entrega recepción del Ayuntamiento 2018-2021, confirmando irregularidades por más de 200 millones de pesos, a través de adjudicaciones directas y contratos simulados, entre otros rubros que determinan la existencia de un fuerte daño patrimonial al municipio.

Dicho dictamen será enviado al Congreso del Estado como soporte técnico a la solicitud de aplicación de una auditoría por los 3 años de Gobierno de Beatriz Hernández Cruz, para que en caso de confirmarse irregularidades se turne a las instancias de ley.

Todo bien hasta aquí, sin embargo, experiencias anteriores confirman que en la mayoría de los casos las auditorías no conducen a nada, se alargan y se hacen eternas en el limbo de la burocracia administrativa y judicial, y peor tantito si son graves se encuadran en las negociaciones políticas y todo queda confinado al olvido. En el ámbito local, el tema de la alcaldesa Hernández Cruz y sus posibles actos de corrupción, lleva ya poquito más de un par de meses en la agenda de la presente administración y en el persistente enfoque de los medios de comunicación.

¿Cuánto tiempo creen que aguantará el fantasma de Betty puesto negativamente en la marquesina de la opinión pública? Para mí, el tema todavía tiene 6 a 7 meses de vida en las noticias y comentarios, pero después de ese lapso habrá cumplido su función en el discurso político inicial del gobierno de Cesar Prieto, lo reemplazarán otros temas y sanseacabó.


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